Nombres y apellidos de los jueces que condenaron a Garzón… ¿Supremo Tribunal o supremo fascismo?

Por Gustavo Vidal Manzanares   |

Estos son los jueces que han condenado a Baltasar Garzón en el caso de las escuchas telefónicas sobre la descomunal trama Gürtell de corrupción: Joaquín Jiménez García, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela Castro y Manuel Marchena Gómez.

El tercero de esos actuó como ponente. Hoy escuché a una mujer del CGPJ indignada porque se llame “fascistas” a los jueces. Creo que un poco de historia no nos vendría mal para entender nuestro presente…

Más de veinte años de gobierno de izquierda moderada (moderadísima en mi opinión y casi siempre en leves temas sociales) han eclipsado una realidad desoladora: vivimos en un país terrible, con cientos de miles de cadáveres en fosas comunes, calles que aún honran al dictador Franco y a otros genocidas sin honra, obispos que pretenden imponer sus disparatadas  supersticiones a toda la sociedad y policías que apalean a manifestantes rebasando cualquier límite al uso legítimo de la fuerza.

Y, lo más grave,  una distribución de la renta insoportablemente injusta, que arrebata la riqueza a las clases medias y populares para trasvasarla a las altas mediante una sistemática basada en el fraude fiscal, la corrupción, la molicie de unas clases opulentas viciosas y torpes, así como una clase empresarial defraudadora, subvencionada y codiciosa pero que al ser incapaz de innovar y competir obtiene sus beneficios a costa de los trabajadores.

Pues bien, hoy solo puedo concluir que la “justicia” española encaja milimétricamente en ese collage de despropósitos e ignominia.

Así, “Cada día se ordenan escuchas y muchas acaban declarándose ilegales sin que le suceda nada al juez—declara Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal—pues existen cauces legales para recurrir y si se anulan, la prueba pasa a ser nula, pero nunca se ha perseguido a un juez por ello”.

Pese a ello, poco debe extrañarnos que en el perpetuo show de Españistán,  abogados de los cabecillas de la trama Gürtell y de uno de los constructores (profesión de probada honradez, como todos sabemos) hayan conseguido sentar en el banquillo (y condenar) al juez que intentó poner fin a esta (presunta) orgía de robo, fraude y corrupción. Posiblemente la trama más densa y putrefacta que ha infectado España a lo largo de su historia.

Lamentablemente, tras leer las sesenta y nueve páginas de la sentencia en la causa especial contra Baltasar Garzón  solo encuentro a un grupo de jueces masturbándose las neuronas con legalismos huecos para justificar una condena.

Y no puede ser de otra manera, pues la base legal de las escuchas ofrece tantos vacíos que nuestro país es periódicamente amonestado en foros internacionales, dado que el margen de maniobra de un juez es muy amplio, tal vez demasiado. Precisamente por ello solo puede accionarse contra un magistrado basándose en juicios de intenciones. Algo inadmisible, obviamente.

Salvo si ese juez investiga la mayor trama de corrupción de la historia de Europa y el paradero de las víctimas del genocidio español. En estos casos, la “justicia” se pertrecha de una batería de formalismos con los que eludir el núcleo del asunto y anular a quien ose hacer justicia (la de verdad, no la de esos siete con los que abro este artículo).

Conviene destacar que en el presente caso, Garzón no ordenó las escuchas en solitario … ¡las solicitó la policía! Y además fueron avaladas por la Fiscalía y prorrogadas por el magistrado Antonio Pedreira.

En el supuesto de que estas escuchas estuvieran afectadas por algún vicio que conllevara su nulidad, la ley cuenta con instrumentos para declararlas nulas. Pero jamás se procesa a un magistrado por ordenar unas escuchas que luego sean declaradas nulas.

De hecho, en España se declara muchas veces la nulidad de unas escuchas u otras pruebas…jamás se procesa, repito, a ningún magistrado por ello… salvo a Baltasar Garzón.

Podría explayarme en consideraciones jurídicas, pero eso excedería los modestos objetivos de esta columna. Si debo destacar que la base de las imputaciones contra Garzón se basa en un juicio de intenciones. Y en ese sentido, los ciudadanos tenemos todo el derecho para sospechar de las intenciones del Tribunal y, como algunos han señalado, calificarlos de fascistas.

Me adhiero, salvo prueba en contrario, a ese clamor.

Para leer más: Fuente: http://www.luzdelevante.com/?p=7534