Aún parecía lejos el momento en el que la provincia pudiera superar los 200.000 parados, pero la última Encuesta de Población Activa (EPA) ya recogía el triste dato que coloca a Cádiz a la cabeza de otra lista negra. Y era de esperar que cuando llegara ese momento las manifestaciones se comerían las calles y el puente Carranza ardería por sistema cada mañana. No se trata de una visión apocalíptica, ese era el ambiente que se respiraba en la provincia la última vez que alcanzó los 200.000 parados. Era el año 1995 y ya planeaba una nueva reconversión naval que recortaba el número de trabajadores de los astilleros.
De aquello hace ya 16 años y nueve reformas laborales de calado, la mitad de ellas por la vía urgente. Ahora estrenamos la décima que supone el mayor recorte de derechos de los trabajadores y una amplia flexibilidad de las relaciones con los empleos. El decreto hace al mercado laboral español mucho más europeo, aunque solo sea en el marco regulador y no en la cuantía de los salarios o la cobertura social. El texto que publicaba ayer el BOE tardará algún tiempo en tener su efecto en la creación de empleo, que se espera mucho más lenta en la provincia.
Ésa es la previsión de analistas, empresarios y sindicatos, poco después de conocer los principales puntos de esta reforma. «Hay que ser conscientes de dónde partimos», señala Javier Fernández, gerente del Colegio de Economistas de Cádiz y profesor asociado de la UCA. La provincia ha alcanzado los 201.800 desempleados y sigue destruyendo puestos de trabajo. Ya el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido que 2012 seguirá siendo un año negro para el empleo. Insiste Fernández en que «cambiar la situación del mercado español nos llevará más de una generación, porque habíamos basado el modelo de crecimiento en un sector que genera muy poco valor y que durante años ha tirado del carro hasta situarnos entre las primeras economías antes de la crisis». Justo en este punto, el docente deja claro que «ya no se puede competir con países que ofrecen mano de obra barata, hay que ir hacia un modelo más cualificado que genera conocimiento, investigación e ingeniería». Y ahí es donde se encuentran las principales carencias.
El gerente del Colegio de Economistas asegura que «el decreto que se aprobó el viernes no es la panacea, se necesitan reformas más profundas, desde el sistema educativo al financiero». Y mientras llegan mejores momentos, la provincia lucha por mantener a duras penas la paz social. En eso tiene mucho que ver la red familiar, «más sólida en los países mediterráneos y especialmente en zonas como Cádiz donde el paro ha sido un problema recurrente». La economía sumergida ha sido el otro sustento. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha cifra el volumen de negocio procedente de las actividades no reguladas en 5,3 millones de euros en 2010, lo que supone un 24,4% del PIB de la provincia. Solo de esta manera es posible que sigan adelante los 73.000 hogares gaditanos que tienen a todos sus miembros en paro sin que estalle una revolución en la calle.
Esta economía sumergida «supone una competencia desleal a las empresas que operan dentro de la legalidad», señala Miguel González Saucedo, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC). Dada la situación de la provincia, el responsable de la CEC reconoce que «el fraude laboral irá a más para subsistir».
Sobre la reforma, señala que aún es pronto para ofrecer una valoración a fondo. «Una cosa es el anuncio y otra cómo se aplicará en la práctica», advierte. En cualquier caso, hace hincapié en que «este nuevo decreto debe ir acompañado de una reforma financiera que favorezca el crédito para familias y pymes». Esa falta de liquidez es, lo que a su juicio, mantiene ahogadas a las empresas e impide crear puestos de trabajo y mejorar la producción, mucho más que las leyes laborales. «Para este año será difícil que se controle el paro, esa son las previsiones de los analistas y tal como están las cosas no parece que vayamos a ir a mejor». Aun así, valora de forma positiva las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Rajoy para flexibilizar las relaciones laborales y que haya más margen.
Sin embargo, esa flexibilidad que se propone dentro de las empresas conllevará también «un despido más fácil y una menor protección de los trabajadores», señala el secretario general de Empleo de UGT Cádiz, Miguel Abreu, que se pregunta «¿cómo puede influir eso en la creación de nuevos puestos?».
Insiste en que «la experiencia de la reforma anterior debería de haber servido para algo». Se rebajaron los derechos de los trabajadores y se han seguido destruyendo puestos. Por eso mismo considera fundamental cambiar la estrategia. «Aún no se ha terminado de plantear una reforma en el sistema financiero, que es el que ha creado el problema», recalca Abreu. Asegura que lo único que cambiaría la situación es que «haya de nuevo disponibilidad de crédito».
Además del abaratamiento del despido, destacó la pérdida de peso de la negociación colectiva. «Van a primar el acuerdo de empresa sobre el del sector, es decir, el ámbito en el que el trabajador tiene menos fuerza». Indica el secretario de Empleo de UGT Cádiz que hasta ahora se ha mantenido la seguridad en algunos ámbitos gracias a los acuerdos sectoriales, pero esta medida nos lleva «a una situación de inestabilidad aún mayor». Eso no favorece la recuperación ni mucho menos incentiva el consumo. Ante este panorama, Miguel Abreu dice no entender las motivaciones que llevan a tomar este tipo de decisiones.
