Los niños no pueden pasear por los parques debido a su deterioro; los adultos tampoco pueden hacer lo propio por las calles durante la noche por la falta de suministro eléctrico; en los colegios se han llegado a amontonar papeleras rebosantes y baños sucios; los mayores y dependientes se han quedado sin sus cuidadores, y los usuarios del transporte público tanto dentro como fuera del casco urbano han tenido que ir a pie o quedarse en casa. Ésta es la radiografía de una ciudad cuyos servicios básicos están absolutamente paralizados por la raquítica situación de las arcas municipales. La pregunta es: ¿Hasta cuándo? Ante este panorama, lo que parece claro es que pierden todos: los trabajadores de las empresas concesionarias que no cobran sus salarios, y también los de la plantilla municipal que amenazan con dejar en suspenso la actividad en el Consistorio. Pero junto a ellos, no hay que olvidarse de esos miles de ciudadanos cuya calidad de vida es inversamente proporcional al deterioro económico del Ayuntamiento. Solo entre usuarios de la ayuda a domicilio y los servicios de autobuses rural y urbano, se calcula que son más de 21.000 personas las que a diario han de buscar soluciones alternativas a los problemas que originan estas carencias.
Con el tiempo, desafortunadamente, da la impresión de que los jerezanos se van acostumbrando a prescindir de algo de lo que deberían disponer a su antojo como contribuyentes y la falta de prestaciones básicas se va convirtiendo en el pan de cada día, con lo que tienen que convivir como si de un efecto inherente a la crisis se tratara. Mención aparte, sin embargo, merece la otra cara de la moneda, como son las movilizaciones y los conflictos laborales que todo ello conlleva.
El que Jerez se vea reflejada al menos dos veces por semana en los telediarios a nivel nacional se ha vuelto algo cotidiano; atrás quedan sus méritos y atractivos genuinos como los caballos, el flamenco o el vino. Ahora lo que está de moda son las manifestaciones y los conflictos. Cualquiera que vaya de compras o se tome un aperitivo por el centro convive, codo con codo, con el drama de las trabajadoras de Acasa, acampadas a las puertas del Consistorio; las de Limasa, concentradas en las oficinas de la empresa en la plaza Aladro o los trabajadores del transporte y del Ayuntamiento, manifestándose con pancartas y petardos y soportando incluso cargas policiales.
Teconma
La concesionaria de limpieza y mantenimiento de parques y jardines desembarcó en la ciudad en 2004 y, desde entonces, no ha cobrado un solo euro del presupuesto municipal. Son datos aportados recientemente por al alcaldesa, María José García-Pelayo, que cifró lo que el Ayuntamiento adeuda a esta empresa en unos 30 millones de euros. Ello ha derivado en que la compañía se encuentre en suspensión de pagos, después de huelgas y reiteradas protestas de la plantilla. En la actualidad, el gobierno local se ha comprometido a la subrogación de los 60 trabajadores, en tanto en cuanto no se publique el pliego de condiciones para que una nueva compañía se haga cargo del servicio.
UTE
UTE Jerez (Auditel y Editel), encargada del alumbrado público de la ciudad, solo ha cobrado dos mensualidades del Ayuntamiento que, según García-Pelayo, le ha abonado el gobierno popular desde que sustituyera a Imesapi en julio de 2010. Estos impagos, unidos a la falta de materiales, han provocado que las averías se hayan quedado sin reparación y con ello una veintena de barriadas hayan sufrido reiterados cortes de suministro eléctrico. A principios de enero, de hecho, se calcula que un tercio de las calles jerezanas padeció a la vez problemas de luz, sin olvidar que el pasado año se vieron afectados eventos de gran trascendencia como el Festival de Jerez. En la actualidad, la empresa está más o menos al día en los pagos y, de momento, parece que continuará la tregua en el alumbrado público.
Acasa
Es el drama por excelencia de esta crisis. Las 500 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio arrastran inestabilidad en el cobro de nóminas desde antes de que la empresa se hiciera con la concesión y dependieran de Sergesa, hace más de tres años. Las empleadas que más perciben, con suerte, cuentan con un salario de poco más de 800 euros y a estas alturas son ya cuatro meses los que se les deben. Muchas de ellas se encuentran al límite de sus posibilidades, al tener parejas en paro e hijos que mantener. Hasta hace relativamente poco mantuvieron el tipo con protestas aisladas y silenciosas, pero desde el 3 de enero han acometido varias huelgas seguidas que mantienen el servicio prácticamente paralizado, con la asistencia únicamente de los usuarios con dependencias graves.
Ello implica que 700 personas mayores y dependientes carecen desde hace poco más de un mes de la tan necesaria ayuda a domicilio. Si sus reivindicaciones se iniciaron de manera soterrada, hoy en día han pasado ya por protestas en supermercados (donde han conseguido alimentos gratis), cortes de tráfico en importantes arterias de la ciudad, sentadas con cadenas a las puertas del Ayuntamiento, encierros y boicot en algunas delegaciones municipales, a cuyos trabajadores han impedido el paso. Pero la más sonada de todas ellas es la acampada que mantienen frente al Consistorio desde hace una semana y que aseguran piensan continuar contra viento y marea.
En este caso que parece tan extremo, la solución también se presenta como la más complicada, pues existe una guerra abierta entre el gobierno local y la Junta de Andalucía, en la que ninguno de los dos da su brazo a torcer. La administración regional terminó el año con los pagos bimensuales al día (cabe recordar que aporta 13 euros de los 14,87 por hora que cuesta el servicio en la ciudad). El Ayuntamiento, sin embargo, destinó buena parte de ese presupuesto a tapar los 'agujeros' del gobierno anterior, que había utilizado según el ejecutivo actual casi el 42% de los fondos de Acasa para otros usos.
La cuestión es que ahora el Consistorio asegura depender por entero de esos ingresos (que ya este año acumulan un pequeño retraso) y la Consejería de Bienestar Social, por su parte, amenaza con cortar el grifo si no queda demostrado que esas transferencias se invierten en la ayuda a domicilio.
Limasa
El personal de la empresa responsable de la limpieza en colegios y dependencias municipales también sufre en sus carnes los continuos impagos de sus nóminas. Tanto es así que en 2011, el comité de empresa afirma que no se cobro ni un solo salario en tiempo y forma. En estos momentos, para más inri, la compañía está prestando sus servicios «sin contrato», como explicó la propia alcaldesa, puesto que estando al frente el ejecutivo anterior el contrato de la concesión expiró y el Ayuntamiento pidió a la empresa que se siguiera haciendo cargo mientras se solucionaba el papeleo.
Lo cierto es que esta situación se ha prolongado en el tiempo, y la administración local adeuda ya a Limasa más de 20 millones de euros. La consecuencia de todo ello han sido las continuas reivindicaciones de las trabajadoras, que han acompañado en numerosas ocasiones a las empleadas de Acasa en encierros y concentraciones y a las que a fecha de hoy se les adeudan dos nóminas. En las últimas semanas han dormido varias noches en las oficinas de la empresa, por no hablar de las dos huelgas que han llevado a cabo y que apunto estuvieron de provocar el cierre de colegios. Se calcula que unos 15.000 alumnos se vieron afectados por ello.
Linesur y Urbanos Amarillos
La situación de los conductores del transporte rural y urbano es análoga, si bien en el primero de los casos a los afectados se les deben dos nóminas y en el segundo la cifra llega a cuatro. A ambas plantillas se les adeudan, además, atrasos que pueden superar los 6.000 euros por trabajador. El personal de Urbanos Amarillos, dependientes antiguamente de Cojetusa, es habitual de las huelgas desde hace años; en el último año, sin embargo, se han llevado la palma con la consecución de cinco paros de la actividad, uno de ellos de once semanas de duración. Unas medidas con las que han dejado en tierra a 20.000 usuarios al día.
Los de Linesur también se han caracterizado últimamente por convocar huelgas, paralelas a movilizaciones diversas. La última de ellas finalizó a mediados de enero, pero esta semana ya han anunciado nuevas protestas, empezando por una manifestación organizada para el día 10. En barriadas rurales y pedanías, son 700 los viajeros que a diario se ven afectados por estos recortes. Si la situación remitirá o irá a peor, sigue siendo una incógnita.
